GUIA
DE CLASES DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL
Prof. Virginia Arango Durling
Te Tema 8-Aplicación de la Ley Penal en el espacio-
v Tema 9-Aplicación de la Ley Penal en el tiempo-Semana IV
Tema 10-Aplicación de la Ley Penal en las personas
SEMANA IV- MODULO 2-
1. Temas:
v
Tema
8-Aplicación de la Ley Penal en el espacio-
v
Tema
9-Aplicación de la Ley Penal en el tiempo-Semana IV
v Tema 10-Aplicación de la Ley Penal en las
personas
2.Competencias de los
temas:
·
Interpreta y sintetiza el alcance de la aplicación de la
ley penal en el espacio, en el tiempo y en las personas.
·
Observa y utiliza los
planteamientos teóricos en el contexto social actual.
·
Valora la importancia de
los conocimientos teóricos en la
resolución de situaciones concretas en materia de validez espacial, temporal y
personal
3. Tema 8- Aplicación de la Ley Penal en el espacio
A. Introducción
Territorialidad y Extraterritorialidad
Territorialidad de la ley penal panameña
Extraterritorialidad
a. Principio de personalidad
Principio real o de defensa
Principio de universalidad
C. La Extradición
1. Cuestiones fundamentales
a. Concepto, fundamento y naturaleza jurídica
b. Clases
c. Fuentes
d. La extradición en la legislación panameña.
D.
Derecho Penal Internacional
3.1 Introducción al tema
En nuestro país se
reconoce el principio de la territorialidad ley penal,
en el artículo 18 del Código Penal del 2007 que dice así:Artículo 18. La ley
penal se aplicará a los hechos punibles cometidos en el territorio nacional y
demás lugares sujetos a la jurisdicción del Estado, salvo las excepciones
establecidas en las convenciones y normas internacionales vigentes en la
República de Panamá.
Para los efectos de la ley
penal, constituyen territorio de la República el área continental e insular, el
mar territorial, la plataforma continental, el subsuelo y el espacio aéreo que
los cubre. También lo constituyen las naves y aeronaves panameñas y todo
aquello que, según las normas del Derecho Internacional, responda a ese
concepto"
No obstante, como se aprecia
existen excepciones, de manera que la ley penal panameña es extraterritorial,
según se desprende de los artículos 19, 20 y 21, que reconocen el principio de personalidad, principio real o de defensa y principio de
universalidad o derecho mundial.
En lo que respecta al principio real o de defensa el artículo 19 determina la extraterritorialidad de la ley penal, en los siguientes casos:: a los delitos contra la Humanidad, contra la Personalidad Jurídica del Estado, contra la Salud Pública, contra la Economía Nacional y contra la Administración Pública, así como a los delitos de desaparición forzada de personas, trata de personas, y falsedad de documentos de crédito público panameño, de documentos, sellos y timbres oficiales, de la moneda panameña y demás monedas de curso legal en el país, siempre que, en este último caso, se hayan introducido o pretendido introducir al territorio nacional.
También la ley penal es
extraterritorial, siguiendo el principio de personalidad de
acuerdo con el artículo 10, numerales 2o y tercero: Sean cometidos en
perjuicio de un panameño o sus derechos o sean cometidos por agentes
diplomáticos, funcionarios o empleados panameños que no hubieran sido juzgados
en el lugar de su comisión por razones de inmunidad diplomática, y en
otros supuestos.
De igual forma, rige
el principio de extraterritorialidad, cuando se trate de los hechos previstos
en artículo 21, siguiendo el principio universal o cosmopolita, del artículo
21, con las limitaciones que la norma establece.
Para terminar, en este tema también hay que tomar en consideración los aspectos
referentes a la extradición y su régimen en la legislación panameña.
En lo que respecta a la extradición es una
institución de colaboración internacional que tiene por finalidad evitar la
impunidad de los delitos, en virtud del cual el gobierno de un país entrega un sujeto
a otro Estado, que lo reclama, para someterlo a enjuiciamiento por tribunales de este, o para la aplicación o el
cumplimiento de la pena o medida de seguridad impuesta.
La extradición
tiene una naturaleza diversa, siendo
considerada como un acto político (es una facultad del Estado concederla o no)
y un acto jurisdiccional (corresponde a los tribunales), y ha sido estudiado
tanto en el Derecho Penal, Derecho Internacional Público y Derecho Procesal
Penal, y su fundamento destaca la idea de
justicia, el evitar la impunidad de cualquiera persona que haya cometido un
delito y quiera evadir su responsabilidad trasladándose a otro país (Muñoz
Pope, 2003, p.190), y siendo un procedimiento consensual, no unilateral, debe regirse
por los principios, las cláusulas y demás normas relativas al mismo (Mendoza,
2001, p. 121).
Y a este respecto, debe mencionarse que las fuentes de
la extradición son los tratados internacionales suscritos por la República de
Panamá, y las leyes internas que regulen
esta materia.
De igual forma se ha indicado que en la extradición
rigen algunos principios fundamentales, como son el principio de legalidad nulla traditio sine lege, el principio
de reciprocidad y de doble incriminación, y el carácter sui generis de la
extradición pasiva determina que su trámite se lleve a cabo mediante un
procedimiento procesal fijado en los tratados internacionales y en su defecto
en la ley interna, desde el momento de su solicitud hasta la conclusión.
Por otro lado, existen diversas clases de extradición,
como son la extradición activa y pasiva, la judicial, la gubernativa y la
mixta, entre otras.
La extradición
activa y pasiva atiende, a quien hace la solicitud y quien la recibe, de
manera que en la primera, el Estado es el requirente, por cuando solicita la
extradición de un individuo que cometió un delito en su país, mientras que en
la segundo, es el Estado que recibe la solicitud donde se encuentra el
individuo requerido, y ambas están reguladas en la legislación panameña.
La segunda clasificación, toma en consideración
los organismos que intervienen en el
trámite de la extradición o el sistema que se utiliza para su realización:
judicial, si el tramite y el otorgamiento está a cargo de una autoridad
judicial competente, gubernativa, si la decisión depende del Gobierno o un
funcionario administrativo, y mixta, en la cual intervienen autoridades
judiciales como administrativas (Bazzani Montoya y otros 1982, p. 145).
En lo que respecta a la extradición debe señalarse que
la normativa prevista en el Código Procesal Penal del 2008, fue reformada por
la Ley 35 de 2013. En esta materia la legislación panameña reconoce el principio de preferencia de los tratados
cuando Panamá sea parte de ellos, según lo previsto en el art.516, y en
ausencia de ellos por las disposiciones del Código Procesal y por la
reciprocidad internacional.
De igual forma contempla algunos principios que rigen
en materia de extradición, como el principio de prohibición de extraditar a los
propios nacionales, el principio de la no entrega por delitos políticos o de
opinión, el principio de legalidad, principio de doble incriminación, principio non bis in ídem, principio de
humanidad, principio de no extradición de infracciones de poca gravedad,
principio de reciprocidad, de especialidad el principio de preferencia de la
competencia nacional, el principio de rechazo de los delitos no comunes, el
principio de limitación por razón de la pena,
de jurisdiccionalidad.
Ahora bien, es importante tener presente que en
materia de extradición prevalecen algunos principios, como son el principio de
legalidad (“nulla traditio sine lege”), de reciprocidad y de doble
incriminación, y que la misma tiene aspectos positivos, pues puede conducir a
la entrega de la persona reclamada, o por el contrario, en su aspecto negativo,
restringir la extradición, por diversas limitaciones, entre otras, por la no
entrega de sus nacionales, por la no entrega por delitos políticos, o por la no
entrega siguiendo del principio “non bis in idem”.
El Código Procesal Penal regula al igual que la
legislación anterior la extradición activa (art.545) y pasiva (art.517), más
ahora introduce de manera precisa la extradición en tránsito (art.549), y la
solicitud debe realizarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y
sobre ello hay que tener en cuenta las limitaciones para extraditar previstas
en el texto constitucional y en el Código Procesal.
Por último, tenemos el
tema relativo al Derecho Penal Internacional, que a continaución nos pasamos
a abordar.
La expresión Derecho internacional Penal y Derecho Penal
Internacional merece una aclaración, pues la primera constituye una
disciplina donde se considera el
establecimiento de una justicia penal sobre los Estados (Bustos Ramírez, 2004,
p. 607), es en otras palabras una legislación penal que emana de los organismos
internacionales, a diferencia del Derecho Penal Internacional, que comprende
normas de derecho interno destinadas a resolver los conflictos que se pueden
dar en la aplicación espacial de las leyes penales cuando una persona respecto
de la cual un Estado reclama responsabilidades penales se encuentra en el
territorio de otro Estado, como son la extradición y el asilo (Bustos Ramírez,
2004, p. 607, Diez Ripolles, 2007, p. 93).
El nuevo Código Penal
de 18 de mayo de 2007, en el Título XV “Delitos contra la humanidad”, castiga
en el Capítulo I “Delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos”, y en el Capítulo II los “Delitos contra las personas y los bienes
protegidos por el Derecho internacional humanitario” (Arts. 434 y ss.), tema
que en este último caso, ha sido analizado en nuestra publicación previa,
Derecho Penal y Derechos Humanos. De
esta manera el legislador se ocupa de sancionar una diversidad de hechos que se
cometen en ocasión de conflictos armados, como son entre otros, ataques contra
la vida, la salud, la integridad física o síquica, el empleo de métodos o
medios de combate prohibidos.
4. TEMA 9-- APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO-Elaborado por Prof. Virginia Arango Durling
A. Introducción
B.
Orígenes de la norma penal. Fases.
C. Límite temporal de la ley penal
1. Planteamiento
2. Irretroactividad de la Ley Penal.
3. Retroactividad de la Ley Penal favorable al reo.
4. La ultractividad
5. Leyes intermedias, temporales y excepcionales.
D. Momento de realización del delito.
4.1.
Introducción al tema
La ley penal tiene una vigencia en el tiempo, de
manera que una vez promulgada empieza a regir hacia el futuro para todos los
hechos que ocurran con posterioridad a su vigencia, reconociéndole su carácter irretroactivo.
Irretroactividad de la ley penal
|
La ley penal tiene
aplicación a hechos ocurridos durante su vigencia salvo excepciones,
de retroactividad y ultractividad. La regla general es que la ley penal
rige a partir de su promulgación |
El carácter irretroactivo de las leyes penales determina entonces que
tantoen el plano legislativo como doctrinal, hay una prohibición de imponer
sanciones penales con fundamento en una ley penal que no estaba vigente al
momento de la realización del hecho delictivo, siguiendo el principio de
legalidad.
No obstante lo anterior, reconoce la Constitución y el Código Penal
del 2007, que las leyes penales tienen carácter retroactivo, por lo que la ley penal puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su vigencia,
siempre que sea una ley favorable al reo
El Código Penal del 2007 en
su artículo 14 dice lo siguiente: La ley favorable al imputado se aplicará
retroactivamente. Este principio rige también para los sancionados aun
cuando medie sentencia ejecutoriada, siempre que no hayan cumplido totalmente
la pena. El reconocimiento de esta garantía se hará de oficio o a petición
de parte.
Lo anterior se presenta, cuando existe una ley previa
que estaba vigente al momento de la comisión del delito, y con posterioridad se
promulga una nueva ley que reemplaza a la anterior, siendo esta más favorable o benigna para el delincuente. En otras
palabras, la retroactividad de la ley penal favorable, es aquella que implica
la desaparición de una infracción tipificada en la ley anterior o que conlleva
una reducción de la sanción prevista en esa ley anterior (Lascuraín Sanchez,
2013, p.189).
En ese sentido, la
determinación de la ley más favorable al reo es un asunto complejo, que
necesariamente implica la confrontación de normas y que comprende a juicio de
algunos autores ( Quintero Olivares, 2011, p.137) lo siguiente:
a) Porque el nuevo
tipo penal no contempla el hecho anterior o lo contempla tratándolo con menos
severidad,
b) Porque se han
suprimido circunstancias cualificadoras que dieron en su día lugar a un tipo
agravado,
c) Porque se han
suprimido circusntancias agravantes genéricas que en su día fueron apreciadas
por el juzgador, o bien se ha reducido al alcance de la concurrencia de una
circunstancias agravante
d) Porque se ha reducido la pena imponible, aún siendo
el mismo hecho típico, o se ha reducido otras consecuencias penales como las
penas accesorias o medidas especiales.
Por otro lado, la ultractividad es otro aspecto que se
analiza dentro del problema de la validez temporal de la ley penal, y se trata
de un fenómeno relacionado con la retroactividad de la ley favorable al reo, en
la que resulta inaplicable la ley
posterior al hecho punible, toda vez que es más gravosa que la ley que estaba
vigente al momento de la comisión del delito.
La ultractividad, de la ley penal, es una
manifestación máxima del principio tempus
regit actum, según el cual el hecho cometido se rige por la ley vigente al tiempo de su comisión (con
la excepción de la retroactividad), partiendo del hecho que la nueva ley es más
desfavorable que la vigente al tiempo de la comisión del delito, siendo
imposible, aplicar retroactivamente una Ley que es más grave que la derogada,
que continua vigente para los hechos ocurridos durante su vigencia temporal
(Muñoz Pope, 2003, p. 203), en otras palabras, porque no favorece esa ley al
reo.
Hay otros aspectos referentes a la validez temporal de
la ley penal que conviene examinar en este momento: las leyes intermedias, las leyes excepcionales y leyes temporales,
para efectos de determinar cuál es la ley aplicable desde la perspectiva de
favorabilidad al sujeto que s e le imputa el acto.
En efecto, la particularidad de las leyes intermedias es excepcional y esta
se presenta cuando un caso cualquiera acontece bajo el imperio de una norma
penal, luego surge a la vida jurídica
otra ley más benigna, pero más tarde el legislador dicta otra norma con
carácter más severo. La ley intermedia
en este caso, que es más benigna es la que deberá aplicarse (Muñoz Pope, 2003,
p.206, León Mendoza, 2002, p. 101).
En cuanto a las leyes temporales y excepcionales, las primeras son aquellas que tienen un
plazo de vigencia y las segundas, son aquellas que se dictan en circunstancias
especiales para enfrentar determinadas situaciones, por lo que son más
enérgicas que la regulada en legislaciones ordinarias.
En ambos supuestos, estamos ante normas que sancionan gravemente tales hechos, por lo
que deberá solucionar a través del
principio de retroactividad de ley más favorable, aunque no por ello pierda
sentido y razón ambas leyes (Muñoz Pope, 2003, p. 206, Muñoz Rubio/Guerra
de Villalaz 1980 p.152).
-5. Tema 10- Aplicación de la Ley Penal en las personas
5.1 Introducción al tema.
Aplicación de la Ley Penal en Relación con las Personas.
A.
Determinaciones previas
B. Principio
de igualdad ante la ley penal y excepciones.
C.
Prerrogativas procesales.
La ley penal se aplica en principio a todos por igual,
siguiendo la legislación penal vigente,
aunque esto implica que haya excepciones en función de ciertas personas
acordados por el derecho interno o el derecho internacional, reconociendo así
el principio de igualdad ante la ley penal.
En tal sentido, se establece en el artículo 22 lo
siguiente:
“La ley penal panameña se aplicara sin distinción de
personas con excepción de:
1. Los jefes de Estado extranjero
2. Los agentes diplomáticos de otros Estados
y demás personas que gocen de inmunidad, según las convenciones internacionales
vigentes en la República de Panamá.
3. Los casos previstos en la Constitución Política
y las leyes
Las excepciones establecidas en este articulo no se
aplicaran cuando se trate de delitos contemplados en el Título XI del Libro
Segundo de este Código, y del delito de desaparición forzada de personas”.
De lo antes expuesto se aprecia, que hay limitaciones
al principio de igualdad, en otras palabras, existen privilegios acordados por
el Derecho Internacional, de conformidad con la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas de 1961, y sobre relaciones consulares de 1963.
Nos encontramos
ante supuestos de inmunidades jurisdiccionales, previstas con el fin de evitar
que sobre determinadas personas o situaciones otro Estado asuma competencia,
como lo haría de no existir ciertas calidades en éstas. Son excepciones al principio de territorialidad
a juicio de BAZZANI MONTOYA (2002, p. 147).
Por lo que respecta, a los casos previstos en la
Constitución Política y las leyes, cabe señalar, que a partir de la reforma
constitucional del 2004, se eliminó la denominada “inmunidad parlamentaria”.
Ahora bien, si es importante subrayar que las
prerrogativas funcionales (Art. 23) que constituyen un tratamiento diferenciado
a ciertas personas por su cargo, han sido cuestionadas por constituir a juicio
de la doctrina una infracción del principio de igualdad ante la ley (Zugaldía
Espinar, 2002 p. 346).
Por su parte, ACEVEDO (2008, p. 61), manifiesta que el
artículo 23 es “una norma controversial, permite según su tenor literal someter
al funcionario público que goce de prerrogativa funcional a ser procesado, no
obstante, esto es una falacia legal, ya que mientras exista o prevalezca esa
modalidad de inmunidad no se puede procesar a ninguna persona y mucho menos
llevar un proceso penal hasta una sentencia de condena”.
El artículo
23 a continuación dice lo siguiente:
“La comisión de un hecho punible por un servidor
público que goce de prerrogativa funcional no impide que la autoridad
competente, previo cumplimiento de las formalidades legales les aplique las
sanciones previstas en la ley penal”.
Como se desprende de lo antes expuesto, las
prerrogativas funcionales, no son más que fueros, constituyen una prerrogativa
de carácter procesal destinada a un
número determinado de funcionarios públicos cuyo fin es garantizar la
imparcialidad, dado que el sujeto por razón de su cargo, tiene el derecho a ser
juzgado por una autoridad de mayor o igual jerarquía que ellos, en las que
podemos mencionar, por ejemplo los diputados, los magistrados de la Corte,
entre otros.
6. Recursos
didácticos
-Libro de Derecho Penal Panameño-Derecho Penal. Parte General.
Virginia Arango Durling. http://www.penjurpanama.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=75. Sección aula virtual.Recursos didáctios. Libro de
Derecho Penal.
-La legislación Penal en la Zona del Canal.
Cien Años del Canal de Panamá.
Boletín de
ciencias Penales No. 02
https://facderecho.up.ac.pa/sites/facderecho/files/arch-img-derecho/publicaciones/tbopenal2.pdf
-MUÑOZ A., CAMPO ELÍAS – Reflexiones sobre el
principio de legalidad 152-158
Boletín Centro Investigación Jurídica No. 56
https://es.slideshare.net/DurlingV/evolucin-histrica-del-derecho-penal2
https://es.slideshare.net/DurlingV/evolucin-histrica-del-derecho-penal
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