domingo, 31 de agosto de 2014

Homenaje a la prof. Aura Guerra de Villalaz



Durante esta actividad se rindió homenaje a la profesora Aura Guerra de Villalaz, como ex catédratica de Derecho Penal de la Universidad de Panamá.





En estos Ciclos de Conferencias participaron los siguientes profesores del Departamento
Prof. Campo Elías Muñoz A. “Delito de Concusión y Exacción”
  Prof. Eliecer Pérez “Peculado por Apropiación”
 Prof.  Julia Sáenz” Delito de falsificación de documentos en general”
      Prof. Virginia Arango  “Omisión de deberes de funcionarios públicos
   Prof. Rolando Grimaldo  "Importancia de la investigación criminológica
    Prof. Campo Elías Muñoz A. “ Usurpación de funciones públicas”
     Prof. Aida Jurado “Corrupción de servidores públicos”
     Prof. Aida Selles de Palacios “ Alternativas a la prevención en los delitos de corrupción”
     Lic. Rubén Arango Durling "Peculado por error"
Prof. Hipolito Gill "Fraudes en las contrataciones públicas"
Prof. Ricardo Rangel " Presidentes. Juzgados por Corrupción en Latinoamérica" 





En la foto en la primera fila, de izquierda a derecha,
Prof. Raúl Sanjur, Prof. Virginia Arango Durling, Directora del Departamento de Ciencias Penales, Prof. Aura Guerra de Villalaz y el Prof. Ricardo Rangel.
En la segunda fila, el Profesor Eliecer Pérez, la Prof. Julia Sáenz, y la Prof. Aida Selles de Palacios.

La actividad desarrollada en homenaje a la Profesora Aura Guerra de Villalaz, contó con la asistencia de distinguidos invitados, docentes y de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad de Panamá

Homenaje Dra. Aura Guerra de Villalaz

El Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas continuando con la actualización docente, ha organizado para los días 25, 26 y 28 de agosto del presente año, un Ciclo de conferencias, en homenaje a la profesora Dra. Aura Guerra de Villalaz, ex catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Panamá.


 Durante esta actividad, el día lunes 25 de agosto a las 10:00 a.m. en el Auditorio Dr.  Justo Arosemena, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se rendirá un reconocimiento académico a la profesora Aura Guerra de Villalaz, organizado por el Departamento de Ciencias Penales.

Los Ciclos de Conferencias se desarrollarán durante tres días en jornada diurna de 7:00 a.m. a 12:00 a.m., y se contará con la participación de los profesores del departamento e invitados especiales,  y con ello, se persigue transmitir a los estudiantes y docentes del Departamento temas de actualidad en el área del Derecho Penal y  Criminología dentro del marco de  los "Delitos contra la Administración Pública", y a la vez generar un espacio de comunicación e intercambio de información, facilitando la actualización docente y fortaleciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje del Derecho Penal y la Criminología.

martes, 18 de febrero de 2014

Bienvenida




LA PROFESORA DRA. VIRGINIA ARANGO DURLING


 LE  EXTIENDE UNA CORDIAL BIENVENIDA A CLASES


PRIMER SEMESTRE 
AÑO ACADÉMICO 2014











viernes, 25 de octubre de 2013

Congreso cientìfico Nacional 2013

XXVI CONGRESO CIENTÍFICO NACIONAL
Universidad de Panamá
24 de octubre de 2013


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La profesora Virginia Arango Durling, presentó la siguiente ponencia en el XXVI Congreso Cientìfico Nacional el día 24 de octubre de 2013, a continuación presentamos un resumen de la ponencia.



Antijuricidad y Justificación
entre
la ilicitud y la justificación

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1. Introducción

El delito ha sido definido como una acción, típica, antijurídica y culpable.
Con esta investigación examinamos el tercer elemento del delito, la antijuricidad, con la finalidad de conocer, determinar y reconocer cuando se considera una conducta típica como injusta y desaprobada

2.  Palabras claves
· Antijuricidad -  Hecho contrario al ordenamiento jurídico. En el Derecho Penal, es una contradicción sin justificación que lesiona o pone en peligro bienes jurídicos protegidos.
· InjustoLa acción típica calificado como antijurídica.
 · Causas de justificación. Eliminan el carácter antijurídico del hecho realizado, se considera permitido y lícito. 
· Tipicidad y antijuricidad: Dos elementos del delito. El hecho típico se presume también antijurídico, salvo que se presenten causas de justificación. Esta es la regla ón en materia de antijuricidad.

3. 3..Las causas de justificación y la conducta lícita y permitida.

 Nuestra legislación vigente contempla varias causas de justificación, como son la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber legal y  el ejercicio de un derecho.

Es importante tener presente que para que operen las  causas de justificación deben  darse los requisitos previstos en la Ley,  presentarse las circunstancias externas y actuar en conocimiento de la situación (elementos objetivos y subjetivos).
3.1 Legítima Defensa
En la legítima defensa el sujeto repele una agresión o ataque injusto, arraigada en el instinto de conservación, es una reacción de defensa, fundamentada en consideraciones morales, e implica una acción de defensa necesaria, para proteger bienes jurìdicos propios o de un tercero.



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Requiere de dos requisitos fundamentales: objetivos (la existencia de una agresión ilegítima, la necesidad de defenderse para proteger bienes jurídicos) y subjetivos (autor actué en conocimiento de la situación de defensa y agresión injusta, en otras palabras, es necesario que el sujeto sepa que se defiende de una agresión ilegítima (Mir Puig)
Por otro lado, el código penal incluye  la denominada figura de la presunción de legítima defensa, cuando el agente actúa con respecto a quien ha entrado a su morada ilegítimamente.
Se trata de una presunción iuris tantum, pues deben concurrir los requisitos de la causa de justificación, en otras palabras, es necesario acreditar que hubo resistencia por parte del agresor  (Righi Fernández).


3.2 En el  estado de necesidad, la persona actúa lesionando un bien jurídico menor de otro, para preservar un bien jurídico propio o de un tercero  de mayor jerarquía, ante una situación de  peligro, por ejemplo, se salva la vida de la persona mutilando una pierna., o en el aborto por razones terapéuticas.
 3.3 Por su parte, en el cumplimiento de un deber legal, la actuación del agente queda justificada porque el menoscabo al bien jurídico protegido se efectúa cumpliendo con deberes jurídicos, por lo que es extensiva a servidores públicos.


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3.4 En el ejercicio legitimo de un oficio o cargo, el sujeto actúa en virtud de derechos o facultades proceden de la condición profesional del autor del hecho, el cual en el desempeño de su función lesiona un bien jurídico de otro. Ejemplos; derecho de corrección, en los deportes, en la profesión médica (lex artis), periodistas, abogados, etc.




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4. Conclusiones
Las causas de justificación si se cumplen con los requisitos correspondientes, excluyen la responsabilidad penal y civil a los autores y participes, más en sentido contrario, si falta alguno de ellos puede dar lugar a una eximente incompleta (no prevista en nuestra legislación), a nuestro modo de ver a una atenuación de la pena, en otros al aumento de la pena en caso de exceso en las causas de justificación




lunes, 24 de junio de 2013

Error en las causas de justificación

El error en el presupuesto de las causas de justificación.

El presupuesto básico en las causas de justificación es que exista una situación de amenaza de bienes jurídicos protegidos, sin embargo, esto plantea serios problemas cuando el agente ha apreciado erróneamente tal situación..
Sobre este aspecto, valga señalar, que remitimos al lector a nuestro estudio previo sobre las causas de inculpabilidad donde de manera detenida estudiamos la problemática del error de prohibición, y sus diversos supuestos.

Este hecho, sin embargo, debe ser debe ser examinado a través del error de prohibición, vencible e invencible  (Welzel, 1993, p. 118), aunque para otros deba ser considerado como un supuesto de error de tipo, (Berdugo Gómez de la Torre, 2004, p. 287; Octavio de Toledo/ Huerta Tocildo, 1986, p. 197).

De esta manera siguiendo la teoría de la culpabilidad, se han propuesto diversas vías de solución con variantes distintas (Jakobs 1995, p. 445),  y se tiende a distinguir dos casos de error de prohibición indirecto, en un cuando el sujeto se equivoca pensando que existe una causa de justificación, en el segundo supuesto, es un error sobre los limites de la causa de justificación (Jescheck, 2002, p. 496)

Ahora bien, por lo que respecta a la legislación vigente ya hemos indicado que el artículo 42, numeral 2, consagra el error de prohibición indirecto, al manifestar que no es culpable quien erróneamente acto convencido de que esta amparado en una causa de justificación (Arango Durling, 2010, p. 29)

En el caso del sujeto que cree erróneamente que su conducta está amparada por una causal de justificación, esta posibilidad puede darse cuando el agente cree licito matar a una persona gravemente enferma sin posibilidades de recuperarse, solo por el ruego que se le hace.
En síntesis, el tratamiento del error sobre las causas de justificación es un aspecto que resuelve en el ámbito de la culpabilidad, por lo que con mayor detenimiento nos referiremos más adelante.


El consentimiento del ofendido

6.      El consentimiento de la victima





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a.      Introducción
Sobre el consentimiento como causa de justificación nos hemos referido de manera detenida en otra publicación que examina la responsabilidad penal por actos médicos (Arango Durling, 2001, p. 61 y ss.), por lo que para los efectos remitimos al lector para su mayor profundización.

Ahora bien, aunque no esté regulado expresamente no se encuentra excluido del catalogo de justificantes, pues se ha reconocido por la doctrina mayoritaria que  constituye una causa de justificación, aunque también se haya debatido acerca de su naturaleza jurídica, desde el ámbito de la tipicidad (Mir Puig, 1996, p. 512), pues el consentimiento del portador del bien jurídico, excluye la tipicidad en algunos tipos, cuando este aparece como un requisitos expreso o tácito, que la acción u omisión se realice en contra o sin la voluntad del sujeto pasivo (Cerezo Mir, p. 327)

Así pues se ha indicado, que cuando la ausencia de consentimiento esta expresa o implícitamente recogida por la ley, la falta de consentimiento es un elemento negativo del tipo, de manera que, si concurre la conformidad del titular del bien juicio protegido, la conducta deja de ser la que tipifica el Código (Rodríguez Devesa/ Serrano Gómez, p. 507).

En lo atinente, al fundamento rige,  el principio de la ausencia de interés, el titular permite o da su autorización, o en otras palabras consiente para el daño o la lesión a un bien jurídico disponible, como por ejemplo, sucede en los casos de intervenciones médicas consentidas Bueno Arus, (1985) sin  embargo, tal tesis ha sido criticada por otros (Cerezo Mir, p. 333), porque se puede otorgar el consentimiento en contra del propio interés, o el sujeto pasivo puede equivocarse acerca  de cual sea su interés, por lo que se afirma que es mas sustentable la tesis de la renuncia de la protección del Derecho.
En ese sentido, se da el consentimiento cuando el sujeto pasivo del delito acepta, bajo determinadas condiciones que el autor realice la conducta que constituiría delito sin dicho consentimiento (Suárez Mira Rodríguez, 2006, p. 214).

b.      Requisitos
Ahora bien el consentimiento se ha indicado que debe reunir de ciertos requisitos para que sea válido, entre otros, que sea personal, explícito, que exista libertad de voluntad, que el sujeto tenga plena capacidad de juicio, la edad suficiente, y se de el consentimiento informado, en el caso del tratamiento medico (Arango Durling, 2001, p. 62, Villanueva, 1985, p. 43).

En lo que respecta a los límites del consentimiento, se sostiene que con respecto a la vida y la integridad física, en este último caso debe ajustarse a la lex artis, para que no sea contrario a derecho el acto médico. En este sentido, hay innumerables intervenciones quirúrgicas consentidas que no tienen el carácter de ilícito, tales como por ejemplo, los trasplantes de órganos, esterilización, inseminación, los cambios de sexo, etc.
Por el contrario, resulta complejo las situaciones de falta de consentimiento o la oposición del paciente al acto médico, que pueden dar lugar a un acto ilícito, como por ejemplo, las transfusiones de sangre por razones religiosas, la oposición a todo tratamiento médico, inclusive en los casos de huelga de hambre, supuestos a los que nos hemos referido con detenimiento al examinar la responsabilidad penal por actos médicos.
Lo que sí debe quedar claro, que habrá excepciones legales en las que la actuación del médico se considere permitida aún cuando falte el consentimiento, como por ejemplo, en los casos en que exista un riesgo para la salud publica, o para la vida de la persona.

Veàse: Responsabilidad penal por actos mèdicos

Ejercicio de un derecho

5.      El legítimo ejercicio de un derecho


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a.      Introducción
Esta causa de justificación aparece de manera conjunta con el cumplimiento de un deber legal, y ha sido denominada en la doctrina de manera genérica como ejercicio de un derecho, más en otras como ejercicio de un derecho, oficio o cargo, como es el caso de la legislación derogada.
Por ejercer un derecho debe entenderse que el agente causa daño cuando de forma legítima,  ejercita un derecho derivado de una norma jurídica. (Amuchategui, 1993, p. 75)

Esta eximente tiene cabida tanto en los supuestos de derechos que no provienen de un oficio o cargo, (vgr. el derecho del ejercicio del derecho de corrección, o las actividades en los deportes), así como los derechos procedentes de un oficio o cargo, como es el caso de los médicos (Mir Puig, 1996, p. 492).
Por otra parte, al referirse el legislador al ejercicio legítimo de un derecho, debe entenderse siguiendo la doctrina que tales actuaciones deben realizarse dentro de los parámetros de ese derecho, por lo que con toda razón se rechaza el empleo de vías de hecho.
Para terminar, existen rasgos diferenciadores entre el cumplimiento de un deber legal y el ejercicio de un derecho, en el primero, el agente tiene un deber impuesto de actuar, a diferencia del ejercicio de un derecho, que es una facultad legal en la cual el ordenamiento jurídico tan solo admite un comportamiento.(Carreras, p. 105)

b.      De los requisitos

Sobre los requisitos podemos señalar lo siguiente:
b.1.   La existencia de un derecho
La doctrina reconoce que esta causa de justificación solo tiene procedencia cuando el sujeto ha actuado lesionando algún bien jurídico de otro en virtud de un derecho  contemplado en el ordenamiento jurídico.

En síntesis, la fuente de la autorización del sujeto para obrar, se encuentra en la norma jurídica, y no constituye la imposición de una obligación (Romero Soto, 1981, p. 313)

b.2.   El ánimo del sujeto de actuar conforme a ese derecho.
Este constituye el elemento subjetivo de esta causa de justificación del cual  lógicamente se manifiesta su carácter de justificante, pues el sujeto debe actuar conforme a los límites de ese derecho, y no de manera arbitraria.
En consecuencia, si el sujeto se aparta de esos motivos o fines, como por ejemplo, en interés propio, tendrá que asumir la responsabilidad penal.

b.3.   Que su actuación lesione un bien jurídico protegido y que no haya exceso.
Conviene reiterar, que al igual que las demás causas de justificación se permite lesionar bienes jurídicos de otros, ya que al ejercitar su derecho el actuante está legitimado por el ordenamiento jurídico.
No obstine lo anterior, tal actuación debe enmarcarse dentro de determinados límites objetivos, pues el exceso  no constituye causa de justificación, ni mucho menos la actuaciones en abuso de ese derecho.

c.      Supuestos de ejercicio de un derecho.
En lo que respecta al ejercicio de un derecho, se ubica de manera tradicional el supuesto derecho de corrección “jus corrigendi”, en virtud del cual el ordenamiento civil (familia) permite a los padres, a los maestros y tutores que pueden corregir a sus hijos sin excesos, es decir, de manera moderada y razonable.
De igual forma se menciona el ejercicio de un derecho en los deportes, ya que se permite que se  ocasionen lesiones derivadas de esas actividades, como es por ejemplo, el boxeo, rugby, fútbol, siempre y cuando se sigan las reglas del juego (Mir Puig, 1996, p. 491).
Otro aspecto que merece mencionarse son los derechos procedentes de un cargo u oficio, como la profesión médica o la abogacía, en virtud del cual el médico realiza tratamientos médicos que deben regirse por la “lex artis, vgr. amputar una pierna del paciente para que avance la gangrena”.

Por ejemplo la doctrina menciona, que en el ejercicio de la profesión de abogado,  estamos ante el animus  defendendi, puesto que aunque se hagan afirmaciones injuriosas, que afectan el honor de alguna persona, se excluye el animus injuriandi, (Mir Puig, 1996, p. 4)
Por otro lado, los periodistas en el desempeño de sus actividades pueden hacer afirmaciones o efectuar críticas con el animus informandi o criticandi, que esta exentas de responsabilidad penal, salvo que se comprobara lo contrario, así como sucede también con los médicos que deben proceder al internamiento del paciente en un centro psiquiátrico (Mir Puig, 1996, p. 492, Cerezo Mir, p. 324)


Antes de terminar, es necesario referirse a las vías de hecho que no es mas que cuando se emplea la fuerza o la violencia para ejercitar o realizar un derecho, es decir, tratar de conseguir la realización de un derecho al margen de los Tribunales y en contra de la voluntad de otra personas que se oponen a ella (Mir Puig, 1996, p. 487, Cerezo Mir, p. 313), en las cuales hay que reconocer que  en estas no se trata de discutir la existencia de un derecho, sino la legitimidad de los medios para hacer valer ese derecho (Octavio de Toledo/ Huerta Tocildo, 1999, p. 152).
En esa línea, no está justificado el ejercicio arbitrario del derecho realizado por medios violentos, más si puede considerarse impune algunos supuestos, como por ejemplo las facultades de los padres con respecto a los pupilos que se hallan bajo su patria potestad (Octavio de Toledo/ Huerta Tocildo, 1999, p. 253).